¿Cuáles son los hechos que subyacen al caso?

Majdi Nema, alias Islam Alloush, antiguo líder del grupo Jaysh al-Islam (“El Ejército del Islam”), fue detenido el 29 de enero de 2020 en Marsella y posteriormente imputado por la Unidad de Crímenes de Guerra del Tribunal Judicial de París por crímenes de guerra, tortura y desaparición forzada, así como por complicidad en dichos delitos. Se le impuso la prisión preventiva.

Esta detención supuso el inicio de la primera investigación judicial sobre los delitos cometidos en Siria por el grupo rebelde islamista. Activo principalmente en Guta Oriental, en las afueras de Damasco, Jaysh al-Islam ha sido acusado en repetidas ocasiones de cometer crímenes internacionales contra la población civil que estuvo bajo su control desde 2013 hasta 2018.

Varios informes y testimonios que los corroboran apuntan a los delitos cometidos por el grupo, como el uso sistemático de la tortura en las cárceles, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los ataques contra la población civil y el uso de esta como escudos humanos.

También se sospecha que el grupo es responsable de las desapariciones forzadas de Razan Zaitouneh, abogado especializado en derechos humanos, cofundador de los Comités de Coordinación Local (LCC) y miembro del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión (SCM), de Wael Hamada, defensores de los derechos humanos, y de sus compañeros Samira Al-Khalil, activista político y Nazem Al Hammadi, abogado especializado en derechos humanos. Todos ellos fueron secuestrados en diciembre de 2013 en las oficinas compartidas del Centro de Documentación de Violaciones (VDC) y de Apoyo al Desarrollo Local y a los Pequeños Proyectos (LDSPS) en Douma.

El 26 de junio de 2019, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), SCM y la Liga de los Derechos Humanos (LDH) había presentado una denuncia contra Jaysh al-Islam por los delitos cometidos por el grupo en Siria. Desde entonces, nuestras organizaciones han estado acompañando a las víctimas y a sus familias en su lucha por la justicia.

Cinco víctimas se han constituido en parte civil en el proceso, junto con las tres organizaciones.

¿De qué se acusa a Majdi Nema?

Majdi Nema fue portavoz del grupo Jaysh al-Islam, al menos entre 2013 y 2016, época en la que este grupo rebelde actuaba con total libertad en la región de Guta Oriental, que tenía ocupada, y especialmente en la localidad de Duma. Numerosos informes y testimonios atribuyen a Jaysh al-Islam actos de tortura, desapariciones forzadas y crímenes de guerra cometidos durante este periodo.

Majdi Nema está acusado de complicidad en desapariciones forzadas y de los siguientes crímenes de guerra: reclutamiento de menores, homicidios dolosos, infligir deliberadamente un gran sufrimiento, secuestro y retención ilegal, ataques intencionados contra la población civil y conspiración para cometer crímenes de guerra.

¿Por qué se presentó la demanda en Francia y no en Siria o ante la CPI?

A pesar de la gravedad y la magnitud de los crímenes cometidos en Siria desde la brutal represión del levantamiento de marzo de 2011, que dio lugar a más de doce años de conflicto, las vías de que las víctimas y sus familias obtengan justicia y reparación son limitadas. Siria no ha ratificado el Estatuto de Roma y, a pesar de los intentos por conseguir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para remitir la situación a la CPI, los repetidos vetos de Rusia y China han impedido que la CPI abra una investigación sobre Siria.

Dado que el camino hacia la CPI está bloqueado y no hay perspectivas reales de que se haga justicia y se exijan responsabilidades de forma independiente dentro de Siria, las víctimas han recurrido a otros países —como Alemania, Suecia, Francia y España— para que investiguen los casos basándose en lo que se conoce como jurisdicción extraterritorial o universal. Desde 2012, abogados, particulares y organizaciones sirios, así como organizaciones internacionales de derechos humanos, han presentado demandas en estos países para que se investiguen los cargos de tortura, crímenes contra la humanidad y/o crímenes de guerra.

¿Qué criterios se aplican en Francia para iniciar investigaciones sobre delitos cometidos en Siria?

Tradicionalmente, los tribunales franceses son competentes para conocer de los hechos cometidos en territorio francés o en el extranjero por un autor francés o contra una víctima francesa.

Sin embargo, en el caso de los denominados delitos “internacionales”, el legislador francés ha aprobado varios textos que permiten acceder a la justicia a aquellas víctimas que no pueden esperar obtenerla en su propio país.

Por ejemplo, desde que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura se incorporó a la legislación francesa en 1986, cualquier funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales, a instancias de la administración o con su consentimiento expreso o tácito, y de la que se sospeche que ha cometido actos de tortura, puede ser procesada y juzgada en Francia.

Desde agosto de 2013 se aplica la misma disposición a los sospechosos de desaparición forzada, tras la incorporación a la legislación francesa de la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Independientemente de su nacionalidad y de su país de residencia, las víctimas de tortura y de desaparición forzada pueden presentar una denuncia penal ante la fiscalía francesa y participar en el proceso en calidad de parte civil.. Esta condición otorga a las víctimas amplios derechos a lo largo de la investigación, como la posibilidad de solicitar que se lleven a cabo determinadas diligencias de investigación o que se cite a determinados testigos a declarar.

En lo que respecta a los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra cometidos en el extranjero, el 9 de agosto de 2010, el Parlamento francés aprobó una ley por la que se incorpora el Estatuto de Roma al ordenamiento jurídico francés. Esta ley otorga a los tribunales franceses competencia para juzgar a los autores de estos crímenes si se cumplen las siguientes condiciones:
• El sospechoso reside en Francia,  
• Existe legislación que tipifica como delito dichos actos en el Estado en el que se cometieron, o bien el Estado en el que se cometieron los delitos o el Estado del que es nacional el sospechoso es parte del Estatuto de Roma,
• Solo se pueden iniciar acciones penales a petición del fiscal francés,
• El sospechoso no es objeto de ninguna solicitud de extradición ni de ningún proceso judicial por parte de un tribunal internacional o nacional.

Estas disposiciones fueron modificadas de forma tímida por la ley de 23 de marzo de 2019, que excluyó el requisito de la doble incriminación para el delito de genocidio y eliminó la renuncia expresa a la jurisdicción por parte de la CPI.

El 1 de enero de 2012 se creó en París una unidad especializada en la persecución de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Esta unidad está compuesta actualmente por un equipo de cinco fiscales, tres jueces de instrucción independientes y un equipo de investigadores especializados, que se dedican exclusivamente a casos de crímenes internacionales. En la actualidad, la unidad francesa lleva a cabo 85 investigaciones preliminares y 79 investigaciones judiciales relacionadas con delitos internacionales cometidos fuera del territorio francés, de las cuales aproximadamente 10 se refieren a delitos cometidos en Siria.

¿Cuál es la postura del Tribunal Supremo francés respecto a la interpretación de las condiciones para la aplicación de la jurisdicción universal?

El 17 de marzo de 2023, la Asamblea Plenaria del Tribunal Supremo francés (Tribunal de Casación) analizó la interpretación de varias de las condiciones para la aplicación de la jurisdicción universal en Francia, a raíz del recurso de casación interpuesto por la defensa en el caso Nema y de la oposición presentada por la FIDH contra la sentencia Chaban de 24 de noviembre de 2021.

El Tribunal examinó ambos casos de forma conjunta, lo que dio lugar a dos resoluciones dictadas el 12 de mayo de 2023 (n.º 22-82.468 y n.º 22-80.057).

En lo que respecta al requisito de la residencia habitual, exigido en el caso de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de genocidio, el Tribunal Supremo dictaminó que el cumplimiento de este requisito debía evaluarse “teniendo en cuenta una serie de indicadores, tales como la duración de la estancia, real o previsible, las condiciones y los motivos de la presencia de la persona en territorio francés, su deseo de establecerse o permanecer allí, o sus vínculos familiares, sociales, materiales o profesionales”. La valoración de este conjunto de pruebas corresponde a la apreciación soberana de los tribunales inferiores.

Majdi Nema llevaba casi tres meses en territorio francés cuando fue detenido por las autoridades judiciales. Además, era estudiante del programa Erasmus en la “Instituto de Investigación y Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán” en la Universidad de Aix-Marsella. Tenía un carné de biblioteca de esta universidad, así como una tarjeta telefónica francesa. Los investigadores también señalaron que Majdi Nema pasaba la mayor parte del tiempo en su piso, comportándose “más como un residente que como un turista”.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo tanto, tenía su residencia habitual en Francia.

Además, en lo que respecta al requisito de la doble incriminación, el Tribunal Supremo dictaminó que esta condición “no implica que la tipificación penal de los hechos sea perfectamente idéntica en ambas legislaciones, sino que solo exige que los hechos estén tipificados como delito en ambas”. Así pues, “el requisito de que los hechos estén tipificados como delito en la legislación extranjera puede cumplirse mediante un delito de derecho común que constituya la base del delito perseguido, como el asesinato, la violación o la tortura”.

En este caso, el Tribunal Supremo consideró que “los hechos por los que se acusó al Sr. Nema, calificados como crímenes de guerra y complicidad, eran punibles, en esencia, con arreglo a la legislación siria, en virtud de los delitos tipificados en el derecho común y del delito de implicar a menores en hostilidades”.

Por último, en lo que respecta al delito de tortura, el Tribunal Supremo dictaminó que la definición de “persona que actúa en el ejercicio de sus funciones oficiales” “debe entenderse de tal forma que incluya a una persona que actúe para o en nombre de una entidad no gubernamental, cuando esta última ocupe un territorio y ejerza sobre él una autoridad cuasi gubernamental”. En este caso, el Tribunal Supremo consideró que «la organización Jaysh al-Islam ejercía funciones cuasi gubernamentales en el territorio de Guta Oriental, que ocupaba en el momento de los hechos».

Por lo tanto, los tribunales franceses eran competentes para conocer del asunto.

¿Cuáles son los siguientes pasos del procedimiento?

Las partes disponen de diez días para recurrir el auto de acusación ante el tribunal penal. Si se interpone un recurso, la sala de instrucción del tribunal de apelación será competente para decidir si anula o no el auto del juez de instrucción.

Si no se presenta ningún recurso o si la sala de instrucción confirma la acusación, Majdi Nema será remitido al Tribunal Penal de París para ser juzgado.

El tribunal penal estará compuesto por un tribunal de tres jueces y seis jurados seleccionados por sorteo a partir de los censos electorales.