Fuentes fiables indican que Estados Unidos (EE. UU.) tiene previsto imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución en las próximas semanas. Esto se produce tras una serie de designaciones, primero contra el fiscal de la CPI, los fiscales adjuntos, los jueces, las ONG palestinas y también contra el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Ha llegado el momento de que los Estados, la sociedad civil, el mundo académico, los periodistas y todas aquellas personas comprometidas con la justicia internacional y el Estado de derecho den un paso al frente y hagan todo lo posible para defender a la Corte y a las organizaciones que respaldan su labor.
La sociedad civil de todo el mundo insta urgentemente a los Estados Partes del Estatuto de Roma a que hagan todo lo que esté en su mano para detener las sanciones propuestas por EE. UU. contra la CPI, una institución judicial independiente cuyo mandato consiste en luchar contra la impunidad de los crímenes más graves que conoce la humanidad. Las sanciones contra la CPI, impuestas unilateralmente por un Estado no parte, suponen un ataque frontal contra un tribunal mundial respaldado por 125 Estados Partes y en el que confía la comunidad internacional para garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces. Tales sanciones dejarían abandonadas a innumerables víctimas al obstaculizar su último recurso a la justicia, al utilizar el sistema financiero mundial como arma para asfixiar la labor de la Corte y al afianzar un doble rasero en el que el poder y la política dictan qué supervivientes merecen justicia.
