La Coalición por la Corte Penal Internacional (CICC) condena en los términos más enérgicos posibles la última campaña del Gobierno de EE. UU. contra la CPI. El 13 de julio de 2026, el Departamento de Estado de EE. UU. anunciado una nueva campaña para “desmantelar” y “inutilizar sistemáticamente” la capacidad de funcionamiento de la CPI. Las medidas coercitivas enumeradas en esta nueva campaña incluyen presión y amenazas diplomáticas, presión financiera, sanciones adicionales contra la Corte y las organizaciones afiliadas, revocaciones de visados e iniciativas para persuadir a los Estados partes de que retiren su apoyo a la Corte.

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