Como organizaciones estadounidenses de toda la sociedad civil —entre las que se incluyen organizaciones jurídicas, de derechos humanos, religiosas, humanitarias, académicas y en favor de la democracia—, junto con defensores de las víctimas y supervivientes de crímenes atroces, destacados académicos, profesionales del derecho, diplomáticos y funcionarios públicos, nos alarma la campaña anunciada por la Administración estadounidense para “desmantelar” y “inutilizar sistemáticamente” la Corte Penal Internacional (CPI), incluidas las supuestas amenazas de represalias contra los Estados que sigan apoyando o cooperando con la Corte.
A continuación puedes leer la declaración completa del Grupo de Trabajo de Washington sobre la Corte Penal Internacional.