• El VRWG es una red de 179 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender los derechos e intereses de las víctimas en los procedimientos de la Corte Penal Internacional (CPI). Co-liderado por la FIDH y REDRESS y auspiciado por la Coalición por la CPI, el VRWG fue convocado nuevamente en 2024 para renovar su compromiso con los derechos de las víctimas en la CPI, incluyendo la contribución a la revisión de la Corte de su Estrategia para las Víctimas de 2012. Si bien la actual revisión de la Estrategia ofrece una oportunidad importante, las consultas con el personal de la Corte y los miembros del VRWG han revelado preocupaciones sobre la falta de claridad, coherencia e inclusión significativa de las víctimas en el proceso de revisión.
• Este documento informativo se basa en estas consultas para identificar áreas concretas de reforma. En él se esbozan los retos persistentes y se ofrecen recomendaciones específicas para abordar tres cuestiones clave: (1) la ausencia de una divulgación temprana y bidireccional; (2) la jurisprudencia restrictiva que socava la participación significativa de las víctimas; y (3) los obstáculos operativos y de procedimiento, incluidas las graves deficiencias en la aplicación de la asistencia jurídica.

Garantizar una divulgación temprana, inclusiva y sostenida desde la fase de situación

La sensibilización es fundamental para que las víctimas participen y rindan cuentas. Sin embargo, la CPI sigue tratándola como una actividad secundaria, lo que conduce a una financiación insuficiente y a una aplicación incoherente. Las incoherencias en la forma en que la Corte define "situación" y "sensibilización" en diversas secciones retrasan la comunicación con las comunidades afectadas, en particular durante la fase de examen preliminar. Cuando las víctimas están desinformadas o excluidas de las primeras fases del procedimiento, resulta difícil generar confianza y garantizar una participación informada más adelante.

El VRWG insta a la Corte a que adopte una definición de proyección exterior coherente y centrada en las víctimas, que permita la comunicación recíproca con las comunidades, integre la retroalimentación y cuente con recursos desde el principio. Las estrategias de sensibilización deben tener raíces locales, ser multilingües y adaptarse a las necesidades específicas del contexto, incluidas las relacionadas con el género, el trauma y el acceso digital.

La participación debe ser coherente, accesible y estar respaldada por recursos adecuados

La participación de las víctimas es un sello distintivo del Estatuto de Roma y es fundamental para la legitimidad de la CPI. Sin embargo, las decisiones judiciales restrictivas e incoherentes han limitado el alcance de la participación y socavado la posición de las víctimas en todas las fases de los procedimientos. El derecho de las víctimas a elegir a sus representantes legales también se ha aplicado de forma incoherente.

Paralelamente, el retraso en la aplicación de la Política de Asistencia Jurídica de 2024 y los límites presupuestarios arbitrarios siguen impidiendo que los equipos jurídicos de las víctimas lleven a cabo su trabajo. Estas dificultades se ven agravadas por obstáculos administrativos, acceso limitado a los documentos judiciales, plazos de presentación poco realistas y falta de claridad procesal. Si no se abordan, estos problemas excluyen de manera desproporcionada a grupos ya marginados y erosionan la confianza en la capacidad de la Corte para hacer justicia.

Convertir los compromisos en cambios concretos

En papel establece seis recomendaciones clave dirigidas a la Corte y a los Estados Partes para que tomen medidas urgentes:

1. Institucionalizar una asistencia temprana y centrada en las víctimas
2. Garantizar la coherencia y consistencia en la participación de las víctimas
3. Aplicar plenamente y hacer operativa la Política de Asistencia Jurídica de 2024 y eliminar los límites arbitrarios de la asistencia jurídica gratuita en el marco de un sistema de financiación justo y equitativo.
4. Reducir los obstáculos procedimentales y logísticos a la participación
5. Integrar la rendición de cuentas y la evaluación en la aplicación de la estrategia
6. Garantizar una financiación suficiente y la inclusión de los derechos de las víctimas en los indicadores clave de rendimiento

Los Estados Partes de la CPI también tienen un papel fundamental que desempeñar. Deben garantizar que la Estrategia revisada para las Víctimas cuente con la financiación adecuada, que la asistencia letrada se aplique plenamente y que los indicadores de resultados se ajusten a un modelo de justicia basado en los derechos y centrado en las víctimas.

El compromiso de la CPI con las víctimas es lo que la distingue dentro del sistema de justicia internacional. Frente a las crecientes amenazas externas, desde las reacciones políticas hasta la reducción del espacio multilateral, hacer realidad este compromiso no es opcional. Es esencial para la credibilidad, el impacto y la supervivencia a largo plazo de la Corte.