La Coalición por la Corte Penal Internacional (CICC) condena en los términos más enérgicos posibles la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones ilegales a la Corte Penal Internacional (CPI). Al atacar directamente a la propia Corte, Estados Unidos ha llevado su campaña contra la CPI a un nivel sin precedentes, lo que supone un golpe directo a la independencia judicial, al Estado de derecho y al sistema de justicia internacional en su conjunto. Las consecuencias van mucho más allá de la propia institución, poniendo en mayor riesgo los derechos, la protección y el acceso a la justicia de millones de víctimas y supervivientes de los crímenes más graves del mundo. La Coalición insta a los Estados Partes a que organicen una respuesta coordinada y colectiva para hacer frente a esta escalada, salvaguardar el funcionamiento y las operaciones independientes de la Corte, así como a quienes la apoyan, y preservar el acceso de las víctimas y los supervivientes a la justicia y a las reparaciones.