Estados Unidos debe levantar de inmediato las sanciones impuestas al personal de la Corte Penal Internacional (CPI), han afirmado hoy expertos de la ONU, tras las nuevas denominaciones El 18 de agosto se dictaron órdenes de detención contra el presidente del Tribunal y un miembro del personal.
“Todos los miembros de la CPI y demás Estados comprometidos con la rendición de cuentas deben adoptar medidas audaces y urgentes para proteger a la Corte frente a cualquier injerencia ilícita en la administración de la justicia internacional”, afirmaron los expertos. “Los Estados deben actuar de inmediato para mitigar el impacto de estas medidas contra los jueces, los fiscales y el personal de la CPI”.”
El 18 de agosto, la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, de Japón, y el fiscal principal de la CPI, Abdoulaye Seye, de Senegal, fueron objeto de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos. Con esta última ronda de designaciones, ya son 11 los jueces y miembros del personal, actuales o antiguos, de la CPI que han sido sancionados en virtud del Decreto Ejecutivo 14203 de EE. UU.
“La necesidad de actuar es aún más urgente porque el Gobierno de EE. UU. se ha comprometido a ‘desmantelar sistemáticamente la CPI’ basándose en la afirmación errónea de que esta amenaza la soberanía estadounidense”, afirmaron los expertos. “Si esa política tiene éxito, supondrá un retroceso en los avances logrados en materia de responsabilidad penal internacional contra la impunidad, forjados en el crisol de Núremberg y Tokio, y en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda; y acabará con la esperanza de las víctimas de los crímenes más atroces en todo el mundo”.”
