PHR presenta un nuevo escrito de amicus curiae en el caso “American Friends Service Committee y otros contra Trump y otros” ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en el que sostiene que las sanciones socavarán la Corte Penal Internacional (CPI) e impedirán el acceso a la justicia de las víctimas de crímenes atroces.
Las sanciones de la Administración Trump (Orden Ejecutiva 14.203) contra la Corte Penal Internacional (CPI) provocarán un “perjuicio directo e irreparable” a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, según sostiene la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR) en un nuevo escrito de amicus curiae presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en American Friends Service Committee y otros contra Trump y otros.
Basándose en la documentación de PHR sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como en su colaboración anterior con la CPI, El escrito de amicus curiae de PHR pone de relieve los crímenes atroces cometidos en la República Democrática del Congo (RDC), Myanmar, Ucrania y Gaza para mostrar cómo las sanciones que socavan la CPI impedirán el acceso a la recuperación, la atención, la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas y los supervivientes de todo el mundo.
“Estas sanciones no solo van dirigidas contra la CPI, sino que cierran una de las pocas vías que aún quedan para que los supervivientes de algunos de los crímenes más graves del mundo obtengan justicia”, afirmó Gerson Smoger, licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, coautora del informe y presidenta del consejo de administración de PHR. “Al disuadir a las organizaciones de la sociedad civil de compartir pruebas y apoyar los procedimientos de la CPI, las sanciones corren el riesgo de silenciar a los supervivientes y debilitar los casos antes incluso de que lleguen a los tribunales. Para las personas que han sufrido violencia sexual, ataques contra la asistencia sanitaria, tortura y otras atrocidades, un retraso en la justicia puede suponer una denegación de la misma”.”
El presidente Trump emitido Orden ejecutiva n.º 14.203, titulada “La imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional”,” en febrero de 2025. Cuatro organizaciones de la sociedad civil (el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro para los Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Open Society Institute) interpusieron una demanda contra la Administración Trump, en la que Comité de Servicio de los Amigos de Estados Unidos contra. Trump presentada el 11 de agosto de 2026. El 1 de septiembre, los demandantes solicitaron una medida cautelar para que el tribunal suspendiera la Orden Ejecutiva mientras se tramita el proceso judicial. El miércoles, PHR presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de la concesión de la medida cautelar, en el que se citaba la importancia de la CPI para las víctimas y se señalaba que mantener en vigor la Orden Ejecutiva socava la capacidad de la CPI para llevar a cabo su labor fundamental.
