La impunidad es el principal obstáculo para que se haga justicia y se concedan reparaciones a las víctimas y los supervivientes de violaciones de los derechos humanos y de los delitos internacionales más graves. A menudo, solo un pequeño número de autores se celebran responsable.
Cuando la impunidad está generalizada, tiene profundas consecuencias para las sociedades, especialmente para aquellas con gobiernos autoritarios, que sufren conflictos y opresión económica. La impunidad alimenta la desigualdad, afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables y socava la confianza en las instituciones políticas. Tras un conflicto violento, reduce las posibilidades de un cambio significativo y pacífico.
La impunidad también tiene un efecto perjudicial en la participación de las víctimas, ya que permite a los autores imponer su versión de los hechos, lo que socava el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales y a que se escuche su voz. Por eso es fundamental reforzar la capacidad de las víctimas y los supervivientes para luchar contra la impunidad a través de procesos de justicia transicional, tanto formales como informales.
Aunque la lucha contra la impunidad puede parecer una tarea imposible, la determinación de los supervivientes y de la sociedad civil para que se haga justicia ha demostrado que, uniendo fuerzas, se puede cambiar el rumbo de la situación y acabar con la impunidad.
Avances en la lucha contra la impunidad
En las últimas décadas se han realizado importantes esfuerzos para hacer frente al aumento de la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho penal internacional. Se han recurrido a tribunales internacionales e híbridos, a tribunales especiales creados a nivel nacional y a los tribunales nacionales ordinarios para enjuiciar y castigar a los autores de estos delitos.
La detención en Londres en 1998 de August Pinochet, quien presidió un régimen de terror en Chile, en el que 40 000 personas fueron torturadas y 3 000 asesinadas o desaparecidas, supuso un momento decisivo para la justicia internacional, lo que desencadenó una búsqueda de justicia a escala mundial. Del mismo modo, el juicio ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de Ratko Mladić, el artífice de la masacre de Srebrenica, que había eludido la captura durante 16 años, dejó claro que los autores de atrocidades no escaparían a la justicia.
Las investigaciones, los juicios y las condenas contra jefes de Estado, tanto antiguos como actuales, han contribuido a reforzar la idea de que los dirigentes no están por encima de la ley cuando se trata de los delitos internacionales más graves; por ejemplo, con las condenas de Efraín Ríos Montt, el antiguo líder de Guatemala, y Hissène Habré, el antiguo dictador de Chad. Algunos de estos procesos judiciales han sido posibles tras la derogación de las leyes de amnistía, por ejemplo, en Argentina, lo que permitió el enjuiciamiento y la condena de unos 1.000 miembros del ejército y la policía por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
Más allá de los jefes de Estado, los mecanismos de justicia internacional han logrado garantizar cierto grado de rendición de cuentas y reparación en otros casos. Además de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002, el resurgimiento de la jurisdicción universal y la aplicación de la jurisdicción extraterritorial han dado un nuevo impulso a presentar demandas de los delitos internacionales cometidos en el extranjero ante los tribunales nacionales, lo que incluye exigir responsabilidades a los agentes económicos por facilitar y propiciar la comisión de delitos internacionales. La última Informe anual sobre la jurisdicción universal muestra que el número de estos procesos judiciales sigue aumentando.
También se han logrado avances en lo que respecta a los mecanismos de justicia transicional, tales como La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, que ha tratado de adoptar un enfoque centrado en la víctima que incorpore medidas restaurativas y reparadoras con el fin de hacer efectivo el derecho a la justicia y el reconocimiento de la responsabilidad individual.
El papel de los supervivientes y de la sociedad civil
Los supervivientes han desempeñado un papel fundamental en estos avances, luchando sin descanso para que los responsables rindan cuentas ante la justicia, en algunos casos durante décadas. Un ejemplo es la demanda presentada por 36 Las mujeres mayas achi en Guatemala contra antiguos paramilitares por actos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno. El caso fue desestimado inicialmente en 2011 y las víctimas denunciaron que habían sido objeto de racismo durante el proceso. Sin embargo, gracias a su perseverancia, un nuevo juez condenó a cinco autores en 2022 por crímenes contra la humanidad y confirmó que la violencia sexual se utilizó como arma de guerra.
Las víctimas sirias y sus familias también han desempeñado un papel fundamental en el proceso para lograr que se haga justicia a las miles de personas que sufrieron una desaparición forzada durante el conflicto. En 2021, las organizaciones de víctimas y sus familias crearon la Carta de la Verdad y la Justicia, lo que reflejaba su visión común sobre cómo promover los derechos de las víctimas, la justicia y la verdad en Siria. En 2023, sus esfuerzos de defensa dieron lugar a una resolución pionera de la ONU crear una nueva institución internacional encargada de esclarecer la suerte que han corrido más de 100 000 personas desaparecidas en Siria.
Fadwa Mahmoud, miembro fundador de la Carta por la Verdad y la Justicia y Familias por la Libertad de Siria, explica:
“La justicia consiste en exigir responsabilidades a los tiranos, tanto en mi país como en cualquier otra parte del mundo, para que sirvan de ejemplo a las generaciones futuras. La justicia para las personas que salieron a la calle a reclamar la libertad consiste en que tengan derecho a permanecer en su país de origen, si así lo desean. La justicia consiste en escuchar, en que el mundo escuche a los supervivientes y a las familias de los detenidos y de las personas desaparecidas por la fuerza, y en respetar sus deseos a pesar de su diversidad”.”
La sociedad civil también ha estado al frente de la justicia internacional, desde la localización de los autores de los delitos y la presentación de denuncias ante tribunales de todo el mundo hasta el apoyo a los esfuerzos de las víctimas y los supervivientes. Sin el poder de defensa y movilización de las organizaciones de la sociedad civil, la CPI no existiría. En la actualidad, la CPI investiga delitos cometidos en 17 países, que van desde crímenes de guerra en el contexto de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, hasta crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la situación del Estado de Palestina.
Los retos arraigados que plantea la lucha contra la impunidad
A pesar de estos avances, siguen existiendo muchos retos. La impunidad se ha visto favorecida por el deterioro de los mecanismos de rendición de cuentas nacionales e internacionales, los ataques o la criminalización de los agentes de la justicia y los defensores de los derechos humanos, así como por la escasa voluntad política y la insuficiencia de la legislación. No se han dedicado suficientes esfuerzos a facilitar la participación significativa de las personas supervivientes, ni a comprender y abordar las causas profundas de la impunidad, algo necesario para cuestionar las estructuras políticas, sociales y económicas que oprimen a quienes son fundamentales para que se produzca el cambio.
A estos retos se ha sumado en los últimos años un contexto mundial caracterizado por la reducción del espacio cívico para las víctimas y los defensores de los derechos humanos, así como por los crecientes riesgos a los que se enfrentan.
El cambio de gobierno en Sri Lanka ha supuesto un revés para la investigación sobre las violaciones cometidas durante el conflicto. En Myanmar, aunque la Corte Internacional de Justicia tiene constancia de los ataques selectivos, el asesinato de miles de personas y el desplazamiento masivo de más de 700 000 rohingya, y estos hechos han sido condenados por la organización independiente misión internacional de investigación En el país, no se ha hecho ningún esfuerzo por investigar o enjuiciar a los responsables.
La falta de voluntad política también ha quedado patente, por ejemplo, en la resistencia de grandes potencias militares como China, Estados Unidos y la Federación de Rusia a ratificar el Estatuto de Roma. Además, el doble rasero que aplican algunos Estados occidentales resulta evidente a la hora de llevar ante la justicia a sus propios ciudadanos, como demuestra el Los primeros esfuerzos de EE. UU. para obstaculizar la investigación de la CPI sobre la posible comisión de crímenes de guerra por parte de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.
La falta de rendición de cuentas perpetúa una cultura de impunidad y violencia, al igual que la el caso de Sudán, que lleva 20 años sumida en un ciclo de sangrientos conflictos armados, siendo el actual un enfrentamiento entre dos bandos beligerantes responsables de atrocidades cometidas en el pasado por las que nunca han rendido cuentas.
Sara Mekki, hija del destacado defensor de los derechos humanos, el Dr. Amin Mekki Medani, quien fue torturado en Sudán en 2014 en el marco de la campaña de represión del Gobierno contra los disidentes, explica:
“La impunidad es como un cáncer, una enfermedad que solo permite a los autores cometer más delitos y violaciones de los derechos humanos sin sufrir ninguna consecuencia, lo que deja a las víctimas aún más vulnerables y destrozadas. La única forma de garantizar la justicia es que la comunidad internacional se esfuerce por acabar con la impunidad, sobre todo en la actualidad, en la que el derecho internacional no se respeta y se pone en tela de juicio a diario”.
La sociedad civil se moviliza contra la impunidad
Para hacer frente a este creciente clima de impunidad, nueve organizaciones de la sociedad civil y dos socios colaboradores han unido sus fuerzas para liderar la “Iniciativa Global contra la Impunidad de los Crímenes Internacionales y las Violaciones Graves de los Derechos Humanos: Hacer que la justicia funcione”.
Cada una de estas organizaciones, en colaboración con sus amplias redes de socios regionales y nacionales de todo el mundo, aportará su experiencia en la promoción de la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas la tortura, las desapariciones forzadas y otros delitos internacionales fundamentales, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el delito de agresión.
Esta alianza estratégica está formada por los siguientes miembros del consorcio: Civil Rights Defenders, la Coalición por la Corte Penal Internacional, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, Impunity Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Parlamentarios por la Acción Global, REDRESS, TRIAL International e Iniciativas de Mujeres por la Justicia de Género. Cuentan con el apoyo de dos socios asociados: el Instituto de Auschwitz para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas y la Comisión Internacional de Juristas.
Esta iniciativa, de cuatro años de duración y cofinanciada por la Unión Europea, se centrará especialmente en 2024 en 27 países de África, América, Asia, Europa y Oriente Medio, aunque también tratará de mejorar el Estado de derecho, las normas de rendición de cuentas y la prevención de atrocidades en otros países de estas regiones.
Luchar contra la impunidad no es tarea fácil. Los responsables no renuncian al poder a la ligera, y los esfuerzos por hacerles rendir cuentas suelen encontrar resistencia. Sin embargo, la sociedad civil puede impulsar un cambio significativo mediante una acción coordinada, estratégica y centrada en las víctimas.
Con este fin, la Iniciativa Global contra la Impunidad ha desarrollado un enfoque integral que tiene por objeto garantizar una justicia y una rendición de cuentas de gran alcance para los supervivientes y las víctimas, actuando en dos frentes principales:
- Potenciar la capacidad de acción y la participación de las víctimas y de la sociedad civil en la configuración de procesos inclusivos de justicia y rendición de cuentas, ya que su exclusión socava las perspectivas de lograr una justicia significativa y un cambio sostenible.
- Reforzar la eficacia de los marcos y sistemas de rendición de cuentas para luchar contra la impunidad mediante el diálogo, la defensa de los derechos y la sensibilización entre los profesionales de la justicia y los responsables, por un lado, y las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, por otro.
Todas las acciones se regirán por un enfoque centrado en las personas supervivientes y promoverán una estrategia que tenga en cuenta el trauma y sea sensible al género, en la que las víctimas participen como protagonistas y defensoras. Este enfoque se basa en una visión amplia de la impunidad, sus causas fundamentales y los factores sistémicos que la propician.
La participación de las personas supervivientes en los procesos judiciales no solo supone una oportunidad para la superación del trauma y el empoderamiento individual, sino que también es esencial para combatir el alarmante aumento de la impunidad. Situar a las personas supervivientes en el centro de los esfuerzos en materia de justicia y rendición de cuentas garantizará que los mecanismos existentes sean significativos y puedan lograr un cambio sostenible a largo plazo. El consorcio también fomentará la coordinación y el intercambio de conocimientos y experiencias con otras iniciativas y actores clave implicados en la lucha mundial contra la impunidad.
La amenaza de la impunidad es demasiado grande como para hacerle frente en solitario, pero, gracias a la colaboración, la Iniciativa Global contra la Impunidad tiene como objetivo contribuir a que la justicia llegue a quienes más la necesitan.
Si quieres participar o recibir más información sobre esta iniciativa, ponte en contacto con nosotros en Makingjusticework@fidh.org
