La administración de Trump campaña cada vez más intensa contra la Corte Penal Internacional (CPI) va mucho más allá de los jueces, fiscales y organizaciones de derechos humanos a los que ha sancionado, lo que disuade a la sociedad civil de colaborar con la Corte y socava el acceso de las víctimas a la justicia, según afirmaron Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y otras 36 organizaciones de la sociedad civil (OSC) el 23 de septiembre de 2026.
El escrito de las OSC plantea dos argumentos fundamentales. En primer lugar, las sanciones están fracturando las redes de la sociedad civil que son esenciales para el funcionamiento de la CPI. Las OSC y los defensores de los derechos humanos —entre ellos abogados, representantes de las víctimas y defensores de los supervivientes— llevan a cabo una amplia gama de actividades de las que depende la CPI: poner en contacto a las víctimas y los testigos con la Corte; documentar crímenes atroces; apoyar la participación de las víctimas y las reparaciones; aportar conocimientos jurídicos, contextuales y culturales fundamentales; y promover la cooperación de los Estados, así como las investigaciones y los enjuiciamientos nacionales, especialmente en los países en los que la Corte tiene un acceso limitado.
En segundo lugar, al imponer y amenazar con sanciones financieras y jurídicas draconianas a las OSC y a los actores individuales, el Decreto Ejecutivo 14203 viola sus derechos a la libertad de expresión y de asociación y ha dañado gravemente la colaboración y la infraestructura de las que depende el sistema internacional de justicia. La Orden Ejecutiva 14203 ya ha provocado que las entidades designadas pierdan financiación, personal, acceso a servicios bancarios y colaboraciones; ha disuadido a las OSC de colaborar con la CPI; y ha fracturado las relaciones entre muchas OSC. El resultado es un perjuicio cuantificable e irreparable no solo para la sociedad civil, sino también para la CPI, para la administración de la justicia penal internacional y, en última instancia, para las víctimas y los supervivientes a quienes el sistema está destinado a servir.
Crédito de la foto © ICC-CPI
