- Un nuevo informe revela que las autoridades iraníes cometieron crímenes contra la humanidad durante la sangrienta represión del levantamiento «Mujer, Vida, Libertad» de 2022
- Una investigación exhaustiva saca a la luz la cadena de mando responsable de aplicar la política estatal de uso de la fuerza letal para reprimir las protestas e identifica a 87 funcionarios que deberían ser investigados por crímenes contra la humanidad
- Las autoridades iraníes dirigieron de forma desproporcionada una represión letal contra las comunidades kurdas y baluchis y las sometieron al delito contra la humanidad de persecución.
- La Asamblea General de la ONU debería crear un mecanismo internacional de justicia penal para hacer frente a la impunidad por los repetidos asesinatos durante protestas masivas, que culminaron en las masacres de enero de 2026.
- El informe, publicado en medio de las hostilidades armadas que se han producido desde los ataques ilegales de EE. UU. e Israel, subraya la necesidad de un alto el fuego duradero y de que se rindan cuentas por las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional Humanitario.
En un nuevo e histórico informe que conmemora el cuarto aniversario del inicio del levantamiento «Mujer, Vida, Libertad», Amnistía Internacional advierte de que los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos para sofocar brutalmente las protestas a nivel nacional en 2022 siguen controlando hoy en día la mortífera maquinaria estatal de represión de Irán.
El informe, Arquitectos de las atrocidades: la maquinaria estatal que orquesta crímenes contra la humanidad en el levantamiento «Mujer, Vida, Libertad» de 2022 en Irán –con más de 1.000 páginas– detalla cómo las autoridades iraníes cometieron crímenes contra la humanidad, como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamientos, violaciones y persecuciones por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos, con el fin de sofocar el levantamiento. Asimismo, documenta las operaciones letales de represión de las protestas y las estructuras de mando, e identifica a 87 funcionarios que deberían ser objeto de una investigación penal por crímenes contra la humanidad.
Amnistía Internacional pide que la Asamblea General de las Naciones Unidas establezca con carácter urgente un mecanismo de justicia penal internacional para garantizar que las autoridades iraníes responsables de crímenes contra la humanidad rindan cuentas y para disuadir de nuevas atrocidades, como las masacres a gran escala perpetradas durante las protestas del 8 y 9 de enero de 2026.
Imagen: © Portada del informe de Amnistía Internacional.
