En virtud de la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001, el Reino Unido no puede enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos en el extranjero a menos que el sospechoso sea ciudadano o residente del Reino Unido. Esto significa que los autores pueden eludir su responsabilidad simplemente por su situación migratoria. Los sospechosos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad que no sean ciudadanos ni residentes del Reino Unido pueden visitar y transitar libremente por el país, lo que podría dar lugar a largos periodos durante un tiempo, sin temor alguno a ser procesado por las autoridades del Reino Unido. Esto socava no solo la justicia para las víctimas, sino también la reputación internacional del Reino Unido como defensor de los derechos humanos y del Estado de derecho.
REDRESS ha desempeñado un papel fundamental a la hora de situar la jurisdicción universal en la agenda política y generar un impulso para el cambio. Nuestro equipo jurídico y de defensa ha estado trabajando en los medios de comunicación, el Parlamento y los foros internacionales para instar al Gobierno del Reino Unido a que modifique la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (ICCA) eliminando los requisitos de nacionalidad y residencia, de modo que cualquier sospechoso que se encuentre en el Reino Unido pueda ser procesado.
