Las principales reivindicaciones del director general de Fortify Rights y de otro defensor de los derechos humanos siguen adelante

(30 de septiembre de 2026)—Un tribunal federal de Maine ha desestimado la solicitud de la Administración Trump de desestimar los motivos principales de una demanda que impugna las sanciones del presidente Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI), según ha informado hoy Fortify Rights.

La resolución del 28 de septiembre permite que prosiga el recurso interpuesto por Matthew Smith, fundador y director ejecutivo de Fortify Rights, y por Akila Radhakrishnan, abogada especializada en derechos humanos internacionales. La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Maine representan a ambos demandantes en Smith contra Trump.

“En mi trabajo, ayudo a la CPI a investigar los atroces crímenes cometidos contra la población de Myanmar, entre los que se incluyen el asesinato en masa, la tortura y la trata de personas”,” afirmó Matthew Smith, fundador y director ejecutivo de Fortify Rights. “Este decreto ejecutivo socava los esfuerzos en favor de la justicia internacional y obstaculiza el camino hacia la rendición de cuentas para las comunidades que se enfrentan a horrores inimaginables”.”

La demanda impugna el Decreto Ejecutivo 14203, promulgado el 6 de febrero de 2025, que amenaza con sanciones por mantener comunicaciones con la Fiscalía de la CPI, incluido el intercambio de pruebas, análisis de expertos y asesoramiento jurídico. Los demandantes alegan que estas restricciones violan la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y exceden la autoridad que les confiere la legislación federal.

La sentencia no constituye una resolución definitiva sobre la legalidad de las restricciones. No obstante, el tribunal consideró que existía una alta probabilidad de que el decreto ejecutivo vulnerara los derechos de los demandantes amparados por la Primera Enmienda. Asimismo, rechazó los argumentos del Gobierno según los cuales los demandantes carecían de legitimación y sus reclamaciones eran prematuras.

“El intento del Gobierno de desestimar las demandas de nuestros clientes era previsible y carecía de fundamento’, afirmó Charlie Hogle, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. ”La Primera Enmienda no permite al Gobierno imponer límites generales a lo que los estadounidenses pueden decir y a quién se lo pueden decir. Nos complace que nuestros clientes puedan continuar con su importante labor, y esperamos seguir defendiendo sus derechos ante los tribunales“.”

Una medida cautelar dictada en julio de 2025 sigue prohibiendo al Gobierno sancionar a Smith y Radhakrishnan por sus comunicaciones con la CPI mientras se resuelve el caso.