Mientras la empresa de defensa Rheinmetall anuncia unas ventas récord, la población civil yemení ha sufrido un nuevo revés en su lucha por obtener justicia internacional. Tras más de seis años de investigaciones preliminares, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado que no abrirá una investigación sobre la responsabilidad jurídica de los gobiernos europeos y las empresas armamentísticas en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Yemen.

“El arraigo de la impunidad a lo largo de una década de conflicto no solo ha agravado la catástrofe humanitaria, sino que también ha alimentado la persistencia y la escalada de las hostilidades. La ausencia de rendición de cuentas a nivel internacional ha supuesto, en la práctica, dar ‘luz verde’ a todas las partes, incluido el grupo armado Ansar Allah (hutíes), para que sigan cometiendo graves violaciones que agravan el sufrimiento humano y socavan cualquier perspectiva de estabilidad en Yemen”.” 
Radya Al-Mutawakel, presidenta de Mwatana por los Derechos Humanos. 

La decisión de la CPI se produce en respuesta a una comunicación conjunta en virtud del artículo 15 en la que se solicitaba a la CPI que investigara si entidades empresariales y gubernamentales europeas habían colaborado o sido cómplices de los presuntos crímenes de guerra cometidos por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en Yemen mediante la venta de armas. Dicha comunicación fue presentada en 2019 por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Mwatana por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Campaña contra el comercio de armas, Centro Delàs y Red Italiana por la Paz y el Desarme.